2pxLas Flores


Construccion
Comentarios o sugerencias
edwin@sumpul.com

Explotacion MInera (Tomado de Diario Co-latino)

Geovanny Amaya, de 12 años de edad, residente en Arcatao, Chalatenango, explica los daños causados por la explotación minera en otros países.

Foto: Leonel Herrera

Leonel Herrera
Redacción Diario Co Latino

Los pobladores de diez municipios del norte de Chalatenango cerraron filas contra las empresas mineras que pretenden extraer oro, plata y otros minerales preciosos de la cuenca alta del río Lempa, una de las zonas del país con las mayores reservas de agua y otros recursos naturales.
“Las comunidades de Chalatenango, ante la voracidad de las empresas transnacionales que quieren saquear nuestros recursos naturales y la actitud entreguista de nuestro territorio por parte del gobierno, al pueblo salvadoreño y a la comunidad internacional manifestamos nuestro total rechazo a todo proyecto de exploración y explotación minera; ya que esto amenaza la vida del país porque contamina el agua, el aire y el suelo, elementos vitales para el ser humano y demás especies vivientes”, reza el pronunciamiento ratificado el pasado fin de semana, en la parroquia del municipio de San José Las Flores.
“Nosotros no queremos la minería, porque va a contaminar el medioambiente y dañará la salud de todos”, manifiesta Geovanny Amaya, residente en Arcatao, quien a sus 12 años de edad demuestra un impresionante conocimiento de los eventuales daños de la explotación minera en esta región.
La opinión de este niño es compartida por la totalidad de los pobladores de San José Las Flores, Arcatao, Las Vueltas, Nueva Trinidad, San Antonio Los Ranchos y otros municipios del norte chalateco, quienes en asambleas populares han decidido llegar “hasta las últimas consecuencias” si empresas como la canadiense Martinique Minerals insisten en buscar oro y plata en sus tierras.
La decisión de las comunidades cuenta con el apoyo de las alcaldías del FMLN en esa zona, la Diócesis de Chalatenango y varias ONG´s ambientalistas, de desarrollo rural y de Derechos Humanos, aglutinadas en la Mesa Nacional contra la Minería.
“Como Iglesia consideramos que estos proyectos atentan contra la vida y, por tanto, contra Dios”, sostiene Teresa Rasilla, religiosa de la Asunción, quien acompaña a las comunidades de San José Las Flores desde mitad de la década de los ochenta, el período más cruento de la guerra civil, cuando los pobladores de esta zona eran atacados constantemente por los operativos de “Tierra Arrasada” implementados por las fuerzas armadas gubernamentales.
Rasilla considera que, además de contaminar el medioambiente, las empresas mineras romperían la convivencia pacífica de las comunidades, lograda “con tantos años de sufrimiento y trabajo colectivo”.
“En estas comunidades no hay pandillas, ni suceden homicidios y se mantiene una armonía social que no existe en otros lugares del país que viven bajo la violencia permanente; y las empresas mineras rompen con esta armonía, generando conflicto entre los que trabajan en la empresa y los que no, entre los que venden sus tierras y los que no. Esta es la experiencia en Honduras, Guatemala y en todos los países donde se han realizado proyectos de este tipo”, argumenta la religiosa.
Rutilio Sánchez, uno de los sacerdotes que acompañaron a estas comunidades en tiempos de la lucha armada, considera que las pretensiones de las empresas mineras son una declaración de guerra. “Estamos otra vez en guerra, nos han declarado la guerra y debemos prepararnos de nuevo para defender la vida, nuestras tierras y los recursos naturales”, exclamó.
“Nunca hemos tenido la paz, porque la paz viene de la justicia y la justicia de la igualdad. Y ahora nos vienen con una nueva declaración de guerra. No duden de que al haber resistencia de las comunidades, estas empresas vendrán con policías y soldados, por tanto, debemos estar conscientes y prepararnos”, reiteró el sacerdote, quien destacó que en otros países las comunidades han tenido que enfrentarse físicamente a estas empresas.
“Dignidad no nos hace falta, en eso nadie nos gana y esto es más valioso que las armas y el dinero de estas empresas”, concluyó Sánchez.
Rodolfo Calles, representante de CARITAS, la organización de la pastoral social de la iglesia católica que se ha involucrado en la resistencia a la explotación minera, considera que existen suficientes motivos para oponerse a estos proyectos.
“Nosotros estamos aquí porque las comunidades nos han pedido apoyo en esta causa que es justa, porque la explotación minera afectará los recursos naturales, especialmente el agua; esto es indiscutible porque está demostrado que no hay proyecto minero que no cause estos impactos. También consideramos que en estos lugares, dada su vocación agrícola y la existencia de reservas de recursos naturales, no es conveniente la construcción de minas. Además, los ingresos para el Estado son mínimos, por tanto, desde ningún punto de vista, la explotación minera puede justificarse”, sostiene el representante de la iglesia católica.
El alcalde de Nueva Trinidad, José Reymundo Alas, reitera la decisión de las alcaldías de la zona de ayudar a los pobladores a no permitir la exploración minera. “Vamos a apoyar a las comunidades en todo lo que sea necesario, porque si estas empresas no se van por las vías legales, nosotros recurriremos a las acciones que sean necesarias”, advierte.
“No vamos a dejar que estas empresas saqueadoras de los recursos naturales vengan a arruinar estas tierras, bañadas con tanta sangre de nuestros mártires”, planteó Alas, al tiempo que llamó al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa a suspender los permisos de exploración y a las empresas mineras a no insistir en penetrar en la zona, para evitar el inminente enfrentamiento con las comunidades.

Pobladores del norte de Chalatenango reunidos en la parroquia de San José Las Flores, donde ratificaron su decisión de no permitir el ingreso de empresas mineras a la zona. Foto: Leonel Herrera.